La convivencialidad, México, Joaquín Mortiz / Planeta, 1985, 161 págs.

4. LOS OBSTÁCULOS Y LAS CONDICIONES DE LA INVERSIÓN POLÍTICA

Hemos visto que el equilibrio de la vida se despliega en cinco dimensiones. En cada una de ellas sólo el mantenimiento de un equilibrio determinado que la caracteriza garantiza la hemostasis constitutiva de la vida humana. La intervención en la ecosfera será racional sólo a condición de no franquear los límites genéticos. La institución no suscita la cultura sino al permitir y hacer efectivo un sutil equilibrio entre la acción personal autónoma y las restricciones directrices que ella misma impone. El borrar las barreras geográficas y culturales no puede promover la originalidad social si esa acción no va acompañada de la reducción de la brecha energética entre los privilegiados y la gran mayoría. Un incremento en la tasa de innovación sólo tiene valor si acentúa el arraigamiento más profundo en la tradición y en la plenitud del sentido.
De instrumento, la herramienta puede convertirse en amo, y después en verdugo del hombre. La relación se invierte con más rapidez de lo que se espera: el arado hace del hombre, señor de un jardín, y muy pronto un errabundo en un campo polvoriento. La vacuna, que selecciona sus víctimas, engendra una raza capaz de sobrevivir únicamente en un medio acondicionado. Nuestros hijos nacen disminuidos en un mundo inhumano. El homo faber, de aprendiz de brujo, se transforma en basural voraz.
La herramienta puede crecer en dos formas, sea para aumentar el poder del hombre o para reemplazarlo. En el primer caso, la persona conduce su propia existencia, tomando el control y la responsabilidad.

En el segundo, es finalmente la máquina la que lo conduce: reduce a lavez la elección del operador y la del usuario-consumidor; luego les impone a los dos su lógica y sus exigencias. Amenazada por la omnipotencia de la herramienta, la supervivencia de la especie depende del establecimiento de procedimientos que permitan a todo el mundo distinguir claramente entre estas dos maneras de racionalizar y de emplear la herramienta, y, con ello, inciten a elegir la supervivencia dentro de la libertad. En el cumplimiento de esta tarea, hay tres obstáculos que nos cierran el camino: la idolatría de la ciencia, la corrupción del lenguaje cotidiano y la devaluación de los procedimientos formales que estructuran la toma de decisiones sociales.

LA DESMITIFICACIÓN

Por encima de todo, el debate político está congelado por un engaño respecto a la ciencia. La palabra ha venido a significar una empresa institucional en vez de una actividad personal; la solución de un rompecabezas en vez del despliegue imprevisible de la creatividad humana. La ciencia es actualmente una agencia de servicios fantasmas y omnipresente, que produce mejor saber, igual que la medicina produce mejor salud. El daño causado por este contrasentido en la naturaleza del saber es aún más radical que el mal hecho por la mercantilización de la educación, de la salud y de la movilidad. La falsedad de la mejor salud corrompe el cuerpo social, pues cada uno se preocupa cada vez menos de la calidad del ambiente, de la higiene, de su modo de vida o de su propia capacidad de cuidar a los demás. La institucionalización del saber conduce a una degradación global más profunda, pues determina la estructura común de los otros productos. En una sociedad que se define por el consumo del saber, la creatividad es mutilada y la imaginación se atrofia.

Esta perversión de la ciencia se funda en la creencia en dos especies de saber; el inferior del individuo, y el saber superior de la ciencia. El primer saber sería del dominio de la opinión, la expresión de una subjetividad, y el progreso nada tendría que ver en ello. El segundo sería objetivo, definido por la ciencia y extendido por voceros expertos. Este saber objetivo es considerado como un bien que se puede almacenar y mejorar constantemente. Es un recurso estratégico, un capital, la más preciosa de las materias primas, el elemento base de lo que se ha dado en llamar la toma de decisiones, siendo éstas, a su vez, concebidas como un proceso impersonal y técnico. Bajo el nuevo reino del computador y de la dinámica de grupo, el ciudadano abdica de todo su poder en favor del experto, el único competente.
El mundo no es portador de ningún mensaje, de ninguna información. Es lo que es. Todo mensaje que le concierne es producto de un organismo vivo que actúa por él. Cuando se habla de la información almacenada fuera del organismo humano, se cae en una trampa semántica. Los libros y las computadoras forman parte del mundo. Ofrecen datos siempre que haya ojos para leerlos. Al confundir el medio con el mensaje, el receptáculo con la información misma, los datos con la decisión, relegamos el problema del saber y del conocimiento al punto muerto de nuestra mente.
Intoxicados por la creencia de un porvenir mejor, los individuos cesan de fiarse de su propio criterio y piden que se les diga la verdad sobre lo que "saben". Intoxicados por la creencia en una toma mejor de decisiones, les es difícil decidir por sí solos, y pronto pierden la confianza en su propio poder de hacerlo. La impotencia creciente del individuo para tomar por sí mismo decisiones afecta a la estructura base de su espera. Antes, los hombres se disputaban una escasez concreta, en el presente reclaman un mecanismo distribuidor para colmar una falta ilusoria.

El ritual burocrático organiza el consumo frenético del menú social: programa de educación, trata-miento médico o acción judicial. El conflicto personal se ve privado de toda legitimidad, desde que la ciencia promete la abundancia para todos y pretende dar a cada uno seg~n sus demandas personales y sociales, objetivamente identificadas. Los individuos, que han desaprendido a reconocer sus propias necesidades así como a reclamar sus propio!l derechos, se convierten en presa de la mega-máquina que define en su lugar lo que les hace falta. La persona ya no puede por sí misma contribuir a la renovación continua de la vida social. El hombre llega a desconfiar de la palabra, se apega a un ser supuesto. El voto reemplaza al corrillo; la caseta electoral, a la terraza del café. El ciudadano se sienta frente a la pantalla, y calla.
Las reglas del sentido común que permitían a los hombres conjugar y compartir sus experiencias se destruyen. El consumidor/usuario tiene necesidad de su dosis de saber garantizado, cuidadosamente acondicionado. Encuentra su seguridad en la certidumbre de leer el mismo periódico que su vecino, de mirar la misma emisión televisiva que su patrón. Se contenta con tener acceso al mismo grifo del saber que su superior, antes que tratar de instaurar la igualdad de condiciones que darían a su palabra el mismo peso que tiene la del patrón. La dependencia, en todas partes aceptada como un hecho, en relación al saber altamente calificado, producido por la ciencia, la técnica y la pol~tica, erosiona la confianza tradicional en la veracidad del testigo y despoja de su sentido las principales formas en que los hombres pueden intercambiar sus propias certidumbres. Hasta en los tribunales, el experto rivaliza en importancia con los testigos. El experto es casi admitido como testigo patentado, se olvida que su declaración no representa sino lo que se oye decir: es la opinión de una profesión.

Sociólogos y psiquíatras acuerdan o rechazan el derecho a la palabra, a una palabra audible. Al poner su fe en el experto, el hombre se despoja de su competencia jurídica, primero, y política, después. Su confianza en la omnipotencia de la ciencia incita a los gobiernos y a sus administrados a descansar sobre la ilusión de que se eliminarán los conflictos suscitados por un evidente enrarecimiento del agua, del aire o de la energía; a creer ciegamente en los oráculos de los expertos, que prometen milagros multiplicadores.
Nutrida en el mito de la ciencia, la sociedad abandona a los expertos hasta la preocupación de fijar límites al crecimiento. Ahora bien, semejante delegación de poder destruye el funcionamiento político; a la palabra, como medida de todas las cosas, se la sustituye por la obediencia a un mito y, finalmente, legitimiza en cierta forma los experimentos practicados en los hombres. El experto no representa al ciudadano, forma parte de una élite cuya autoridad se basa sobre la posesión exclusiva de un saber no comunicable; pero, en realidad, este saber no le confiere ninguna aptitud particular para definir las delimitaciones del equilibrio de la vida. El experto no podrá jamás decir dónde se encuentra el umbral de tolerancia humana. Es la persona quien lo determina; en comunidad, nada le puede hacer desistir de ese derecho. Ciertamente, es posible hacer experiencias sobre-seres humanos. Los médicos nazis han explorado los límites de resistencia del organismo. Descubrieron por cuánto tiempo el individuo medio puede soportar la tortura, pero esto nada les reveló respecto a lo que alguien puede considerar tolerable. Hecho significativo, esos médicos fueron condenados, de acuerdo con un pacto firmado en Nuremberg, dos días después de la destrucción de Hiroshima, en vísperas de destruir Nagasaki.
Lo que un pueblo puede tolerar queda fuera del alcance de todo experimento.

Se puede decir lo que será de un grupo de hombres particulares dentro de una situación extrema: prisioneros, náufragos o conejos de indias. Pero esto no puede servir para determinar el grado de sufrimiento y frustración que una sociedad dada aceptaría sufrir a causa de la instrumentación forjada por ella misma.
Ciertamente, las operaciones científicas de medida pueden indicar que un determinado tipo de comportamiento amenaza un equilibrio vital mayor. Pero sólo una mayoría de hombres juiciosos, que conozcan la complejidad de las realidades cotidianas y que las tomen en cuenta en sus actuaciones, pueden encontrar la forma de limitar los fines que persiguen la sociedad y los individuos. La ciencia puede iluminar las dimensiones del reino del hombre en el cosmos, pero precisa una comunidad política de hombres conscientes de la fuerza de su razón, del peso de su palabra y de la seriedad de sus actos, para elegir libremente la austeridad que garantizará su vitalidad.

EL DESCUBRIMIENTO DEL LENGUAJE

Entre 1830 y 1850 una docena de sabios descubrieron y formularon la ley de conservación de la energía. La mayoría de ellos eran ingenieros que, cada uno por su cuenta, habían redefinido la energía cósmica en términos de pesos levantables por una máquina. Gracias a operaciones de medida efectuadas en laboratorio, se creyó al fin posible reducir a un denominador común la energía primordial, la vis viva de la tradición. Es entonces cuando las ciencias exactas se pusieron a dominar la investigación.
En esta misma época, y en forma análoga, la industria comenzó a competir con los otros modos de producción.

Los éxitos industriales se volvieron la medida y la regla de la economía entera. Pronto se tuvo como subsidiarias a todas las actividades productoras a las cuales no se podían aplicar las reglas de medición y los criterios de eficiencia aplicables en la producción en serie: esto valió para los trabajos domésticos, la artesanía y la agricultura de subsistencia. El modo industrial de producción comenzó por degradar la red de relaciones productivas que hasta entonces habían coexistido en la sociedad, para luego paralizarla.
Este monopolio, que ejerce un solo modo de producción sobre todas las relaciones productivas, es más insidioso y más peligroso que la competencia entre firmas, pero menos visible. Es fácil conocer al ganador en la competencia abierta: es la fábrica que utiliza el capital en forma intensiva; es el negocio mejor organizado; la rama industrial más esclavista y mejor protegida; la empresa que malgasta con la mayor discreción o que fabrica más armamentos. A gran escala, este curso toma la forma de una competencia entre firmas trasnacionales y naciones en vías de industrialización. Pero este juego mortal entre titanes distrae la atención de su propia función ritual. A medida que se extiende el campo de la competencia, una misma estructura industrial se desarrolla a través del mundo, y polariza la sociedad. El modo de producción industrial establece su dominación no sólo sobre los recursos y la instrumentación sino también sobre la imaginación y los deseos de un número creciente de individuos. Es el monopolio radical generalizado, ya no el de una rama de la industria sino el del modo industrial de producción. El hombre mismo, en cierta forma, está industrializado. Los sistemas políticos hacen prodigios de ingenio y de agilidad semántica para bautizar con nombres opuestos a esta misma estructura industrial en expansión en todas partes, sin comprender que ella escapa a su control.

El antagonismo entre los paises pobres y los países ricos, entre las naciones sumisas a una planificación central y las naciones gobernadas por la ley del mercado, es el antifaz necesario para que este monopolio parezca benéfico.
Extendida por el mundo entero, esta industrialización del hombre lleva consigo la degradación de todos los lenguajes, y se hace muy difícil encontrar las palabras que hablarían de un mundo opuesto al que las ha engendrado. El lenguaje refleja el monopolio que el modo industrial de producción ejerce sobre la percepción y la motivación. En las naciones industriales, cuando el hombre habla de sus obras, las palabras que emplea designan los productos de la industria. El lenguaje refleja la materialización de la conciencia. Cuando el hombre aprende algo por la lectura dice que ha adquirido educación. El deslizamiento funcional del verbo hacia el sustantivo subraya el empobrecimiento de la imaginación social. La práctica nominalista del lenguaje sirve para marcar las relaciones de propiedad: la gente habla del trabajo que tiene. En toda América Latina, sólo los que tienen un empleo dicen que tienen trabajo. Los campesinos (que son la gran mayoría) dicen que lo hacen: "se va a trabajar, pero no se tiene trabajo". Los trabajadores modernos y sindicados no sólo esperan que la industria produzca más bienes y servicios, sino también más trabajo para más gente. No solamente el hacer es sustantivo, sino también el querer. La habitación es más un bien que una actividad; el abrigo se convierte en bien que uno se procura, o que reivindica al verse privado del poder de abrigarse por sí mismos. Se adquiere el saber, la movilidad, y aun la sensibilidad o la salud. Se tiene trabajo o salud, como se tiene placer.
El deslizarse del verbo hacia el sustantivo refleja también el empobrecimiento del consejo de propiedad. Posesión, embargo, abuso, no pueden indicar la relación del individuo o del grupo con una institución como la escuela.

Porque en su función esencial una herramienta semejante escapa, como hemos visto, a todo control. Las afirmaciones de propiedad concernientes a la herramienta vienen a designar la capacidad de detentar sus productos, sea el interés objetivo del capital o los objetos manufacturados, o incluso toda especie de prestigio ligado a lo uno o a lo otro. El consumidor-usuario integral, el hombre plenamente industrializado, no se apodera de nada más que de lo que consume. Dice: mi educación, mis desplazamientos, mis recreos, mi salud. A medida que el campo de su quehacer se estrecha, reclama productos de los que se dice propietario. Sometido al monopolio de un solo modo de producción, el usuario ha perdido todo sentido de la rica pluralidad de estilos de tener. En las lenguas polinesias, hay formas verbales distintas para expresar la relación que yo mantengo con mis actos (que me siguen), mi nariz (que me pueden quitar), mis prójimos (que no he escogido), mi piragua (sin la cual no sería un hombre verdadero), una bebida (que ofrezco) y la misma bebida (que me dispongo a tomar).
Es una sociedad donde el lenguaje se ha sustantivado, los predicados son formulados en términos de lucha contra la escasez dentro del cuadro de la concurrencia. "Yo quiero aprender" se convierte en "yo quiero adquirir una educación". La decisión de actuar es reemplazada por la demanda de un billete de la lotería escolar. "Yo tengo deseos de ir a alguna parte" se transforma en "yo quiero un medio de transporte". La insistencia sobre el derecho de actuar se sustituye por la insistencia sobre el derecho de tener. En el primer caso, el sujeto es actor; en el segundo, usuario. El cambio de la lengua apoya la expansión del modo de producción industrial: la competencia gobernada por valores industrializados se refleja en la nominalización del lenguaje.

La lucha competitiva inevitablemente toma la forma de un juego a suma cero en el cual lo que un jugador pierde se transforma en ganancia para los otros jugadores. En el barullo, la gente juega con los nombres tal como los percibe: valorando únicamente el aprendizaje promueve la escuela, define la educación como objeto de competición. El alma mater tiene demasiados hijos pegados a sus pechos: el que traga su ración de educación priva a un hermano de leche.
El conflicto personal no es forzosamente una lucha por obtener un bien escaso. Puede también expresar un desacuerdo sobre los medios para asegurar mejor la autonomía de la persona. En ese caso, el conflicto se vuelve creador de libertad. Pero el lenguaje nominalista ha oscurecido esta profunda verdad: que el conflicto puede ser creador de derecho para ambos adversarios; creador del derecho de hacer las cosas que, por definición, no son ni bienes ni objetos escasos. El conflicto conducirá al derecho de caminar, de hablar, de leer, de escribir o de recordar en igualdad, de participar en el cambio social, de respirar aire puro y de emplear herramientas convivenciales. Haciéndolo, privará a las dos partes de un bien determinado, por amor de una ganancia inapreciable como es una nueva libertad compartida. Al limitar el consumo obligado, se libera el campo de la acción.
El código operatorio de la instrumentación industrial se incardina en el habla cotidiana. La palabra del hombre que vive como poeta es apenas tolerada como protesta marginal y siempre que no perturbe a la muchedumbre que hace cola frente al aparato distribuidor de productos. Si no accedemos a un nuevo grado de conciencia que nos permita reencontrar la función convivencial del lenguaje, no llegaremos jamás a invertir ese proceso de industrialización del hombre. Pero si cada uno se sirve del lenguaje para reinvidicar su derecho a la acción social antes que al consumo, el lenguaje se convertirá en el medio para restituir a la relación del hombre con la herramienta su transparencia.

La ley y el Derecho, en sus formas actuales, están, de manera abrumadora, al servicio de una sociedad en expansión indefinida. El proceso por el cual los hombres deciden sobre lo que se debe hacer está actualmente sometido a la ideología de la productividad: hay que producir más, más saber y decisiones, más bienes y servicios. Después de la perversión del saber y del lenguaje, la perversión del Derecho es el tercer obstáculo a una actualización política de los límites. Los partidos, los modos de legislación y el aparato judicial han sido requisados al servicio del crecimiento de las escuelas, de los sindicatos, de los hospitales y de las autopistas, para no hablar de las fábricas. Poco a poco, no sólo la policía, sino también los órganos legislativos y los tribunales han llegado a ser considerados como una instrumentación al servicio del estado industrial. Si a veces defienden al individuo ante las pretensiones de la industria, ésta es la coartada de su docilidad para servir al monopolio radical y de su servilismo para legitimar una concentración siempre más fuerte de poderes. A su manera, los magistrados se convierten en cuerpo de ingenieros del crecimiento. En la democracia popular o capitalista, son los aliados "objetivos" del instrumento contra el hombre. Con la idolatría de la ciencia y la corrupción del lenguaje, esta degradación del Derecho es un obstáculo mayor para la reinstrumentación de la sociedad.
Se comprende que una sociedad distinta es posible cuando se logra expresarla claramente. Se provoca su aparición al descubrir el procedimiento por el cual la sociedad presente toma sus decisiones.

Se organiza su estructura, cuando se utiliza la lengua materna y los procedimientos tradicionales del Derecho para servir a fines opuestos a los que fija su presente uso. Pues en cada sociedad hay una estructura profunda que organiza la toma de decisión. Esta estructura existe dondequiera que los hombres se reúnen. El mismo proceso puede dar lugar a decisiones contradictorias, porque la estructura no sirve únicamente para la definición de los valores personales, sino también para la supervivencia de un comportamiento institucionalizado. La existencia de contradicciones no contradice la existencia de una estructura coherente que las engendre, sino al contrario. Yo puedo decidir adquirir una educación aun si por otra parte he decidido que valdría más aprender participando en la vida cotidiana. Me puedo dejar transportar al hospital aun cuando haya decidido que sufriría menos y moriría más fácilmente quedándome en casa. Lo mismo que la captación de disonancias cognoscitivas funda la poesía, así la coexistencia de normas contradictorias manifiesta la existencia de procedimientos normativos.
Los hombres han perdido la confianza en los procedimientos disponibles, no porque éstos hayan sido pervertidos en sí, sino por el uso abusivo que constantemente se hace de ellos. Son utilizados para atiborrar a la gente con argumentos éticos, políticos o legales. Se han convertido en engranajes de la producción ilimitada. Las iglesias predican la humildad, la caridad y la pobreza, y financian programas de desarrollo industrial. Los socialistas se han convertido en defensores sin escrúpulos del monopolio industrial. La burocracia del Derecho se ha aliado a las burocracias de la ideología del bienestar general, para defender el crecimiento de la herramienta. Pronto será el computador el que decida ideas, leyes y técnicas indispensables al crecimiento.

Si no nos ponemos de acuerdo sobre un procedimiento eficaz, duradero y convivencial, con el fin de controlar la instrumentación social, la inversión de la estructura institucional existente no se podrá iniciar y menos mantener. Siempre habrá administradores que quieran aumentar la productividad de la institución, y tribunos que prometan la luna a las multitudes ávidas.
Cada vez que se propone utilizar el Derecho como herramienta de inversión de la socie~dad, surgen tres objeciones: la primera es superficial: no todos pueden ser juristas, por tanto no todos pueden manejar el Derecho por su cuenta. Naturalmente, esto es verdad sólo en cierta medida. Sistemas parajurídicos podrían establecerse dentro de ciertas comunidades, y luego ser incorporados a la estructura del conjunto. Es más, a la participación del profano se le podría adjudicar un campo de acción más vasto y revelarse como preciosa en los procedimientos de mediación, de conciliación o de arbitraje. Pero, aun si la objeción es fundada, no viene al caso. El Derecho se aplicaría a la regulación de las herramientas, gobernando la vida cotidiana; pues no hay razón para que la mayoría de los procesos no sean descentralizados, demistificados y desburocratizados. Queda el que ciertos problemas sociales se presentan en gran escala, son complejos y posiblemente permanecerán así por mucho tiempo, y exigen una instrumentación jurídica a su medida. Si está destinado a servir a vastos grupos de hombres, cada uno portador de una tradición secular, para negociar proscripciones a escala mundial, el Derecho, como proceso de regulación de esos problemas sociales, es, de hecho, una herramienta que requiere expertos como operadores. Pero eso no significa que dichos expertos deban ser doctores en Derecho o formar un mandarinato.
La segunda objeción toca directamente nuestro tema, y va mucho más lejos: los actuales operadores de la instrumentación jurídico-social están profundamente intoxicados por la mitología del crecimiento.

Su visión de lo posible y de lo factible se mantiene conforme al adoctrinamiento industrial. Sería locura esperar que los gerentes de una sociedad productivista se transformaran en vestales de la sociedad convivencial. El alcance de esta observación se completa y subraya por una tercera objeción: el sistema jurídico no sólo es un conjunto de reglas escritas, es un proceso continuo a través del cual las leyes se elaboran y se aplican a situaciones reales. A través de la serie de actos jurídicos, la colectividad se da un cierto marco mental. De ello resulta un contenido del Derecho que refleja la ideología de los legisladores y de los jueces. La manera en que estos últimos perciben la ideología subyacente a toda cultura se convierte en la mitología oficial que se concreta en las leyes que formulan y aplican. El cuerpo de las leyes que regula una sociedad industrial refleja inevitablemente la ideología, las características sociales y la estructura de clase, al mismo tiempo que la refuerzan y aseguran su reproducción. Cualquiera que sea su sello ideológico, toda sociedad moderna sitúa siempre el bien común en el orden del más: más poder a las empresas y a los expertos, más consumo al usuario.
Si bien estas objeciones subrayan una dificultad fundamental en el uso del Derecho con el fin de invertir la sociedad, dejan de lado el asunto. Cuidadosamente hago la distinción entre el cuerpo de las leyes y la estructura formal que lo elabora, al igual que distingo entre el uso de slogans al que recurren las instituciones y la práctica del lenguaje cotidiano. Así también distinguiré entre un conjunto de políticas y el proceso formal que les da origen. Es bien evidente q,ue, tratándose del Derecho, así como del saber o del lenguaje, nos ceñimos a la estructura que rige en profundidad la donación de sentido. De la recuperación plena y del libre uso de esa estructura depende el despertar de las fuerzas capaces de transfigurar "la alianza para el progreso".

En una época en que la operación se ha convertido en un fin en sí, nunca se insistirá bastante sobre la distinción entre los fines y los medios, entre el procedimiento y la sustancia. Vivimos en un mundo en donde el lenguaje nos habla, el saber nos piensa y el Derecho nos actúa. El lenguaje se reduce a la emisión y a la recepción de mensajes; el pensamiento, a la acumulación de informaciones; el Derecho, a la reglamentación del proyecto. Para reencontrar esta distinción crucial entre el procedimiento y la sustancia, el análisis del procedimiento jurídico nos puede servir de paradigma, puesto que esta distinción se encuentra en la raíz del Derecho, aunque cada ejemplo del Derecho se caracteriza por el estilo particular de su proceso formal. Aquí apoyaré mi argumentación haciendo referencia al derecho angloamericano.

EL EJEMPLO DEL DERECHO CONSUETUDINARIO

La estructura formal del common law presenta dos rasgos dominantes y complementarios que le hacen particularmente adaptable a las necesidades de un tiempo de crisis. El sistema se basa sobre la continuidad y la oposición antagónica o contradictoria de las partes (adversary nature of the common law).
La continuidad inherente al proceso de elaboración del Derecho conserva, en un sentido, la sustancia del cuerpo de las leyes. Esto no es tan evidente en la etapa legislativa. El legislador tiene el campo abierto para innovar, desde el momento en que permanece dentro del marco constitucional. Pero toda nueva ley debe inscribirse dentro del contexto de la legislación existente y, por este hecho, no puede apartarse mucho del derecho vigente.
Es claro que la función de la jurisprudencia consiste en asegurar la continuidad de la sustancia del Derecho, actualizándola.

Los tribunales aplican el Derecho a situaciones reales. La jurisprudencia zanja del mismo modo dos casos idénticos o decide, por el contrario, que el mismo hecho ya no significa hoy la misma cosa que ayer. El Derecho representa la autoridad soberana que el pasado ejerce sobre el conflicto presente, la continuidad de un proceso dialéctico. El tribunal da al conflicto un estatuto social, luego incorpora el juicio emitido al cuerpo del Derecho. Dentro del proceso jurídico se reactualiza la experiencia social del pasado en vista de las necesidades presentes; en el futuro, a su vez, el juicio presente servirá de precedente para arreglar otras diferencias.
La continuidad de la estructura formal que rige el proceso jurídico no se reduce a la simple incorporación de un conjunto de prejuicios en un conjunto de leyes. Sólo desde el punto de vista formal, este modo de continuidad no se endereza a preservar el contenido de tal o cual ley. Muy al contrario, podría servir para preservar el desarrollo continuo del Derecho de una sociedad regida por principios inversos. En la mayoría de las constituciones, nada prohibe proponer leyes sobre una limitación de la productividad, de los privilegios burocráticos, de la especialización o del monopolio radical. En principio, a condición de estar inversamente orientado, el proceso legislativo y jurisprudencial podrían servir para formular ese derecho nuevo y hacer que se respete.
De igual importancia es el carácter contradictorio del procedimiento de la common law. Desde un punto de vista formal, la common law nada tiene que ver con la definición de lo que está bien en materia ética o técnica. Es una herramienta para comprender las relaciones, cuando éstas estallan en forma de conflictos reales. Corresponde a las partes afectadas reclamar su derecho o reivindicar aquello que consideren bueno. Así funciona la estructura tanto a nivel legislativo como a nivel jurisprudencial.

Al equilibrar intereses opuestos, la decisión debería retener lo que es, en teoría, preferible para todos.
En las últimas generaciones, este equilibrio, siempre deformado por uno u otro prejuicio, ha sido globalmente dirigido en favor de la sociedad de crecimiento. Pero la frecuente perversión de la estructura jurídica no predica contra su inversión. Muy al contrario, nada impide a las partes globalmente opuestas a la sociedad productivista --liberadas de la ilusión de que el crecimiento puede suprimir la injusticia social y conscientes de la necesidad de límites--recurrir a esta herramienta. Ciertamente, no basta con que aparezca un nuevo tipo de alegante; es preciso también que el legislador se desintoxique del crecimiento, que las partes interesadas insistan en la protección de sus intereses y que, con ese fin, se dediquen a una revaluación sistemática de las evidencias y de las certidumbres demasiado bien establecidas.
La ley, como la jurisprudencia, supone que las partes someten los conflictos de interés social al juicio de un tribunal imparcial. Este tribunal, o sala de apelación, opera en forma continua. El juez ideal es una persona común, prudente, en el fondo indiferente al asunto en debate, experto en el ejercicio del procedimiento. Pero, dentro de la realidad de la vida, el juez es un hombre de su tiempo y de su medio. De hecho, el tribunal ha llegado a servir a la concentración del poder y al crecimiento de la producción industrial. No sólo el juez y el legislador son impulsados a creer que un asunto está bien juzgado y el conflicto debidamente resuelto cuando la balanza de la justicia se inclina en favor del interés global de las industrias, sino que además la sociedad ha condicionado al demandante a exigir que éstas crezcan. Más bien se reivindica una tajada grande del pastel institucional y no la protección contra una institución que mutila la libertad. Sin embargo, el uso abusivo de la herramienta jurídica no corrompe su naturaleza misma.

Cuando se presentan los procedimientos que oponen formalmente adversarios como la herramienta clave que permite limitar el crecimiento industrial, se levanta a menudo una objeción, a saber: las sociedades ya son fuertemente dependientes de estos procedimientos, muchas veces ineficaces. Los reformadores de América del Norte reivindican el Derecho a la oposición legal para los negros, los indios, las mujeres, los trabajadores, los lisiados, los consumidores organizados. El procedimiento se hace largo, incómodo y costoso, y la mayoría de los demandantes no pueden llegar hasta el fin. Los asuntos se rezagan y las decisiones llegan demasiado tarde. El procedimiento se convierte en un Juego que crea nuevos antagonismos, nuevas competencias. Ha sido desviado de su fin, la decisión se vuelve un bien escaso. La sociedad del crecimiento recupera así al usuario del procedimiento formal.
La objeción que se opone a esta multiplicación de procedimientos no queda desplazada si enfoca su proliferación como medio de resolver conflictos personales. Pero aquí los conflictos entre personas o las luchas de grupos entre sí no son mi tema. Lo que me interesa no es la oposición entre una clase de hombres explotados y otra clase propietaria de las herramientas, sino la oposición que se sitúa primero entre el hombre y la estructura técnica de la herramienta, y luego, como consecuencia, entre el hombre y las profesiones cuyo interés consiste en mantener esta estructura técnica. En la sociedad, el conflicto fundamental afecta a los actos, los hechos o los objetos respecto a los cuales las personas entran en oposición formal con las empresas y las instituciones manipuladoras. Formalmente, el procedimiento contradictorio es el modelo de la herramienta de que disponen los ciudadanos para oponerse a las amenazas que la industria presenta.

Con raras excepciones, las leyes y los cuerpos legislativos, los tribunales y los juicios, los demandantes y sus demandas están profundamente pervertidos por el acuerdo unánime y aplastante que acepta sin murmurar el modo de producción industrial y sus slogans: mientras más, mejor. Además, las empresas y las instituciones saben mejor que las personas cuál es el interés público y cómo servirlo. Pero esta unanimidad desconcertante en nada desvirtúa mi tesis: una revolución que no recurre a los procedimientos jurídicos y políticos se condena al fracaso. Únicamente una activa mayoría de individuos y de grupos que busquen en un procedimiento convivencial común recobrar sus propios derechos, puede arrancar al Leviatán el poder de determinar los cercos que se deben imponer al crecimiento para sobrevivir y el de poder elegir los límites que optimicen una civilización.
Para entablar la lucha contra los prejuicios reinantes que conduzca a la inversión, algunos individuos que pertenecen a las grandes profesiones pueden jugar un papel orientador. Al tomar conciencia de la crisis de la escuela, los educadores generalmente se ponen en búsqueda de una solución-milagro para enseñar más cosas a más gente. Sus esfuerzos y sus pretensiones amplifican la importancia de la minoría de pedagogos que insisten en los límites pedagógicos del crecimiento industrial. De la misma manera, los médicos tienen la tendencia a creer que por lo menos una parte de su saber se puede expresar únicamente en términos esotéricos. A sus ojos, un colega que seculariza los actos médicos no es más que un profanador. Es vano esperar que el Colegio de Médicos, el Sindicato de la Educación Nacional o la Asociación de Ingenieros de la Circulación, expliquen en términos sencillos, sacados del lenguaje común, el gangsterismo profesional de sus colegas.

Asimismo, es vano pensar que los diputados, los juristas y los magistrados vayan de pronto a reconocerla independencia del Derecho de su noción preconcebida del bien, que se confunde con el suministro de la mayor cantidad de productos al mayor número de gente. Porque todos están domesticados para arbitrar conflictos en favor de su propia rama de actividad, ya hablen en nombre de los patronos, de los asalariados, de los usuarios o de sus propios colegas. Pero, aquí o allá, por excepción se encontrará a un médico que ayude a los demás a vivir en forma responsable, a aceptar el sufrimiento, a afrontar la muerte y, de modo similar, por excepción se encontrarán juristas que ayuden a las personas a utilizar la estructura formal del Derecho para defender sus intereses dentro del marco de una sociedad convivencial. Aun si la sentencia dictada no llega finalmente a satisfacer a los demandantes, la acción servirá siempre para poner en evidencia el litigio.
No cabe duda de que el recurso al procedimiento con el fin de inmovilizar y de invertir nuestras instituciones dominantes, se presenta a los más poderosos de sus administradores y a los más intoxicados de los usuarios como un desvío del Derecho y una subversión del único orden que reconocen. En sí, el recurso a un procedimiento convivencial, en forma debida, es una monstruosidad y un crimen a los ojos del burócrata, aunque éste pretenda ser juez.

147 (falta)

...rido por la pesadilla de la razón. Para garantizar su supervivencia en un mundo racional y artificial, la ciencia y la técnica se empeñarían en instrumentar el psiquismo del hombre. Desde el nacimiento a la muerte, la humanidad estaría confinada en la escuela permanente, extendida a escala mundial, tratada de por vida en el gran hospital planetario y atada día y noche a implacables cadenas de comunicación. Es así como funcionaría el mundo de la Gran Organización. Sin embargo, los fracasos anteriores de las terapias de masa hacen esperar la quiebra también de este último proyecto de control planetario.
La instalación del fascismo tecnoburocrático no está escrita en las estrellas. Existe otra posibilidad: un proceso político que permita a la población determinar el máximo que cada uno puede exigir, en un mundo de recursos manifiestamente limitados; un proceso consensual destinado a fijar y mantener limites al crecimiento de la instrumentación; un proceso de estimulo a la investigación radical, de manera que un número creciente de gente pueda hacer cada vez más con cada vez menos. Un programa así puede aún parecer utópico a la hora actual: si sigue agravándose la crisis, pronto revelará su realismo extremo.